Desigualdad y asesoramiento especializado

Cuando debatimos con la Administración Pública, partimos siempre con desventaja, pues ella está amparada de muchos privilegios. Estos son claros en la fase administrativa, pues los actos de la administración se pueden llevar a efecto sin más, no se atiene a los plazos y no suele pasar nada. En cambio, el ciudadano no puede ejecutar su voluntad y ¡ay de él! si se le pasa un plazo. También es la Administración la que configura y custodia el expediente administrativo, que va a servir de base para enjuiciar (aunque pueden aportar otras pruebas).  En la fase judicial, esa falta de igualdad no está tan acentuada, pero sigue existiendo. Hay ciertos recursos judiciales que están disponibles para la Administración; pero no para el administrado. Y siempre existirá esa aura de “interés público” que le hace gozar de cierta presunción favorable.

Por ello, es conveniente, en fase administrativa, y necesario, en fase judicial, ser asesorados por profesionales, como Antonio Fernández García, Abogados, que puedan tratar de hacer valer sus derechos ante la Administración Pública.