Esteban Rodríguez, director de una piscifactoría, acude a nosotros porque se le han incrementado mucho los costes. Tiene nuevas exigencias de la Unión Europea sobre el bienestar de los peces; los piensos han subido mucho sus precios y, además, la energía eléctrica que usa a veces para tener el agua en ciertos intervalos de temperatura, también se ha vuelto más cara. Nos comenta que no quiere irse de los terrenos de alquiler donde tiene las instalaciones, pues ha realizado muchas obras. Se trata de un arrendamiento a largo plazo. No sabe qué hacer, pues el alquiler le está asfixiando, junto a la subida de los demás costes.

Nosotros le proponemos negociar con el arrendador, que, si se salva la situación, no va a tener un arrendatario igual ni mejor. Por otra parte, le señalamos que, aunque a veces se invoca la cláusula rebus sic stantibus (esto es, se solicita la modificación de la renta porque las circunstancias en que se pactó dicha renta han variado sustancialmente de forma imprevisible para el arrendatario), sólo se podría tener éxito si el incremento de costes se vincularse a algo imprevisible como la pandemia. E incluso así, la jurisprudencia es muy dispar.

Diferentes puntos de vista

En general, las posiciones de arrendador y de arrendatario tienden a dar un punto de vista diferente sobre lo que es justo. El arrendador tiende a ver el incremento de los gastos, los retrasos en el pago de la renta, los pequeños daños de uso en el edificio, etc. La parte arrendataria ve que las cosas se van volviendo obsoletas, que las reparaciones tardan, que el contrato tiende a renovarse con arreglo al IPC (con restricciones temporales, actualmente) y que el arrendador desconfía de su cuidado del piso. Eso genera un problema habitual para el entendimiento. 

Esas dificultades son normales, cuando las personas son normales y están en una aceptable situación personal y económica. Cuando alguno de los dos pretende abusar de su posición, o padece estrecheces económicas, la situación puede deteriorarse más.