Despacho Antonio Fernández García

DERECHO ADMINISTRATIVO (General y Tributario)

DERECHO ADMINISTRATIVO

Derecho Administrativo General

Cantaba Massiel en Eurovisión que “Todo en la vida es como una canción: te cantan cuando naces y también en el adiós”. La Administración es un sujeto muy singular con el que tenemos que tratar siempre toda la vida, por un motivo o por otro. Nacemos y nuestros padres tienen que obtener nuestra tarjeta sanitaria, fallecemos y nuestros herederos tienen que obtener un certificado de últimas voluntades, etc. Lo mismo sucede con la empresa: sus relaciones con el Registro Mercantil, la Agencia Tributaria, el Ayuntamiento, etc., no cesan desde que nace hasta que se extingue su personalidad jurídica.

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El poder de la Administración proviene del que tiene cada persona, el conjunto de los ciudadanos, por lo cual, nuestra relación debería ser naturalmente amistosa; pero, muchas veces, la Administración se muestra ajena, gigante y con unos privilegios extraordinarios. Por una parte, nos dispensa unos servicios; pero por otra nos exige con vehemencia intimidatoria el cumplimiento de unos deberes, fiscales o de otro tipo, que, muchas veces, son interpretables, y ella hace valer su opinión frente a la nuestra.

Desde Antonio Fernández García, Abogados, acompañamos a nuestros clientes para que la relación con la Administración sea lo mejor posible. Para que se cumplan bien los procedimientos y para que se esté bien defendido si la Administración no respeta sus derechos.

La gratuidad y la no obligatoriedad de asistencia letrada como desventaja del ciudadano y de la empresa.

La gratuidad de los procedimientos administrativos (recurso de reposición, alzada, etc.) y económico-administrativos (reclamación económico-administrativa), implica que no es necesario acudir con abogado y procurador y que, salvo contadísimos supuestos, no se pueden imponer tasas o costas por recurrir.

Esta gratuidad puede hacer que las personas y las sociedades mercantiles no valoren suficientemente dichos recursos y reclamaciones, sin darse cuenta de que un recurso es una nueva posibilidad de cambiar lo ya establecido que nos parece erróneo o injusto por algún motivo y no ser consciente de que es necesario hacerlo en plazo, porque si no se recurre a tiempo, salvo excepciones, ya no se podrá recurrir nunca, ni ante la Administración ni ante los Tribunales de Justicia.

Esto sí lo puede valorar un Abogado; pero como “no es obligatoria” la asistencia letrada, es frecuente que la persona física o la sociedad mercantil cuyos derechos son vulnerados por la Administración no contraten a ese Abogado, a ese profesional de lo jurídico que le advertiría sobre la importancia del recurso y del plazo para interponerlo.

Luego será demasiado tarde para lamentar. Hemos visto a demasiadas personas en situaciones muy adversas que ya son irrecurribles por haberse pasado el plazo para hacerlo. Y nos decepciona mucho ver una situación injusta que carece ya de remedio.

 

Desde Antonio Fernández García, Abogados, recomendamos a las personas que reciban una notificación Administrativa sobre algo importante, por la cuantía o por otra razón, que acuda a un profesional especializado con la materia: un abogado, un asesor, etc. Lo mismo decimos cuando ocurre un hecho, sobre todo si es imprevisto, en su vida: fallecimiento de un familiar, una mala praxis médica, un accidente laboral, dificultad económica para pagar créditos, impago de un deudor, etc.

Derecho Administrativo Tributario

En el ámbito fiscal defendemos que nuestros clientes, personas físicas o jurídicas, sean tratados con justicia y no paguen más que lo que les corresponde y, ante cualquier liquidación o sanción que parezca injusta, instemos los recursos correspondientes. No llevamos contabilidades ni (salvo en los tributos anexos a las herencias) realizamos modelos tributarios de declaración tributaria. Pero sí ofrecemos nuestra ayuda frente a cualquier liquidación o sanción para realizar el recurso de reposición (si es conveniente) o acudir a los tribunales económico-administrativos (que son una instancia administrativa, a pesar de llamarse “tribunal”). También acudimos a la jurisdicción contencioso-administrativa en caso de ser necesario.

En otras ocasiones, si sus circunstancias son especiales y no existen precedentes ni una regulación clara, podemos plantear una consulta ante la Dirección General de Tributos para que dictamine sobre su caso.

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Colegiado nº 2.518 del Ilustre Colegio de Abogados de Badajoz.

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